Los Gigantes Financieros y sus Pleitos con Bolivia
BBVA, Glencore y Zurich son las empresas que lideran los conflictos legales internacionales contra el Estado boliviano, generados en las administraciones de Morales y Arce.
Por Mario Aliaga · 21 de septiembre de 2026
Desde la llegada de Hugo César León La Faye a la Procuraduría General del Estado el 25 de noviembre de 2025, se ha debatido sobre la situación de los arbitrajes internacionales que enfrenta Bolivia, los cuales han originado preocupaciones y oportunidades de negociación con empresas extranjeras.
Casos Clave en la Controversia
Entre los casos más destacados se encuentran BBVA, Glencore Finance y Zurich, aunque no todos están en la misma etapa legal. BBVA y Glencore ya han recibido laudos en su contra, mientras que Zurich aguarda un laudo relacionado con Futuro de Bolivia AFP.
En detalle, el fallo de BBVA, emitido en 2022, obliga a Bolivia a pagar $us 94,8 millones más intereses, y se ha confirmado que se han agotado las instancias para apelar. Por su parte, Glencore recibió en 2023 un laudo que demanda el pago de $us 253,6 millones, y Zurich reclama un monto de aproximadamente $us 129,1 millones.
León ha mencionado que, incluso después de recibir un laudo adverso, es posible entablar negociaciones para acordar las condiciones de cumplimiento. Este enfoque busca mitigar el impacto para el Estado en medio de situaciones complejas.
Cuando se le preguntó sobre la cantidad de arbitrajes en curso, León indicó que actualmente Bolivia enfrenta cuatro arbitrajes de inversión y entre cuatro a cinco de carácter comercial, reflejando la complejidad de las relaciones entre el Estado y los inversores privados.
En cuanto a la postura del Estado respecto a la aceptación de estos arbitrajes, la Procuraduría enfatiza que Bolivia debe cumplir con las obligaciones internacionales establecidas en tratados y contratos, lo que limita la posibilidad de rechazar estos procesos legales.
Finalmente, León aseguró que en los últimos diez meses no se han registrado nuevos arbitrajes contra Bolivia, concentrando los esfuerzos en resolver los casos que provienen de administraciones anteriores, buscando siempre la mejor solución para el Estado.