La Visa de Roger Mariaca en la Mira: ¿Corrupción o Juego Político?
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha sido despojado de su visa por Estados Unidos, que lo acusa de corrupción asociada al narcotráfico, en un contexto de creciente tensión política.
Por Sebastián Aguirre · 29 de septiembre de 2026
Roger Mariaca, quien ocupa el cargo de fiscal general del Estado, ha sido blanco de una decisión del Gobierno de Estados Unidos que le ha revocado la visa. Según las autoridades estadounidenses, Mariaca estaría implicado en actos de corrupción que favorecerían al narcotráfico, utilizando su posición para recibir sobornos y ayudar a criminales a evadir la justicia.
Esta acción forma parte de una nueva estrategia de Washington para restringir la migración de funcionarios y exfuncionarios de la región señalados por corrupción y vínculos con el narcotráfico. En total, 12 bolivianos con visas válidas, incluidos Mariaca y el exministro de Justicia Iván Lima, han sido afectados por esta medida.
El Contexto de las Acusaciones
El Departamento de Estado de EE.UU. argumenta que las acciones de Mariaca amenazan los esfuerzos del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y perjudican instituciones democráticas en Bolivia, que buscan fortalecer su participación en la iniciativa Escudo de las Américas. Además, la medida también afecta a los familiares directos de Mariaca.
Mariaca ha rechazado las acusaciones, acusando a Estados Unidos de ejercer presión política e injerencia en los asuntos internos de Bolivia. Desde la ciudad de Sucre, el fiscal general expresó que si bien respeta las decisiones soberanas del país norteamericano, solicita un mismo respeto por la independencia de las instituciones bolivianas.
Defendió las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, incluyendo el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, afirmando que no permitirá que ninguna presión, ya sea nacional o internacional, frene sus labores.
"Investigar no significa condenar" dijo Mariaca, asegurando que corresponde a las instituciones establecer los hechos y que las pruebas determinen responsabilidades.
Es importante destacar que la revocación de la visa no equivale a una condena judicial, ya que las acusaciones del Departamento de Estado son simplemente la justificación para la restricción migratoria impuesta.