La reforma constitucional en el aire: ¿una solución mágica para atraer inversiones?
El debate sobre una posible modificación de la Constitución en Bolivia ha reavivado la discusión sobre cómo mejorar el clima de inversión y enfrentar la crisis económica. Expertos advierten que las soluciones no son inmediatas.
Por Emilio Barrientos · 17 de agosto de 2026
Recientemente, la idea de reformar la Constitución Política del Estado ha generado controversia en Bolivia. Este tema se centra en la urgencia de crear un entorno que incentive la llegada de inversiones extranjeras y ajuste el modelo económico actual.
Amílcar Barral, exdiputado y analista político, argumenta que una reforma constitucional podría ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas. Esto abriría la puerta a mecanismos como el arbitraje internacional y proporcionaría garantías adicionales ante posibles expropiaciones.
¿Cuánto tiempo llevaría implementar estos cambios?
Barral aclara que la reforma no se llevaría a cabo de forma rápida; una reforma parcial requeriría el visto bueno de dos tercios de la Asamblea Legislativa y después un referéndum. Si se optara por una reforma total, se tendría que convocar a una Asamblea Constituyente y realizar una consulta a nivel nacional.
Mientras se discute esta posibilidad, Barral subraya que el país no puede esperar meses para enfrentar problemas urgentes como la escasez de combustible. Por lo tanto, sugiere implementar medidas inmediatas.
El análisis también se extiende hacia nuevas normativas en discusión, como la Ley de Inversiones y una posible Ley de Hidrocarburos. Barral sostiene que estas leyes serían insuficientes sin una base constitucional sólida que asegure la protección a los inversores.
"Si en la Constitución garantizas que puedes poner tu plata y que no va a haber nacionalización, la gente va a venir a invertir".
El experto también sugiere que se deben considerar cambios en el sistema judicial, la selección de magistrados y el fortalecimiento de las autonomías departamentales como parte integral de una reforma constitucional.
Sin embargo, advierte que la implementación de estos cambios exigirá acuerdos políticos y podría prolongarse durante varios meses. Mientras tanto, el Gobierno y las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de buscar soluciones rápidas a la crisis económica y energética que enfrenta el país.