La Paz toma medidas contra la minería ilegal: ¿qué está pasando?
La Gobernación de La Paz ha solicitado a la AJAM información sobre autorizaciones mineras en áreas sospechosas de actividad ilegal. La presión para actuar en este tema se intensifica.
Por Mario Aliaga · 29 de agosto de 2026
El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz ha hecho un llamado a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para que proporcione información sobre las autorizaciones y derechos relacionados con la minería en zonas que muestran indicios de prácticas irregulares. Esta decisión surge en el contexto de una reunión entre Gabriel Pari, secretario departamental de la Madre Tierra, y Jaime Sanabria, director ejecutivo de la AJAM, donde discutieron las irregularidades detectadas en el departamento.
La gobernación ha expresado su necesidad de verificar si las actividades mineras en las áreas bajo escrutinio cuentan con la correspondiente autorización de parte de la AJAM y si se han otorgado siguiendo la normativa existente. Este requerimiento es fundamental para poder llevar a cabo acciones efectivas de control y fiscalización.
Uno de los principales puntos de preocupación es la explotación minera que ocurre cerca del refugio de vida silvestre Senda Verde. Durante el encuentro, Pari indicó que hay mucha inquietud por la falta de respuestas a las peticiones formuladas por la gobernación al respecto. Sin información clara, las acciones de fiscalización se ven limitadas.
"Sin documentos base ni información correcta no podemos fiscalizar", expresó Pari, resaltando la urgencia de obtener respuestas de la AJAM.
El director de la AJAM se comprometió a responder a las inquietudes planteadas en un lapso de 48 horas. Además, se programará una inspección en el río Boopi, ubicado en el municipio de La Asunta, donde se sospecha la existencia de minería ilegal. La operación contará con la colaboración de varias instituciones, incluyendo la Policía Boliviana y el Ministerio Público.
La fecha y hora de la inspección serán comunicadas por la AJAM, con el fin de coordinar la participación de todas las entidades involucradas en este operativo de fiscalización.
Para la gobernación, obtener acceso a la información oficial sobre las autorizaciones y derechos mineros es crucial para identificar responsabilidades y definir las acciones necesarias frente a operaciones irregulares. Esta colaboración interinstitucional es clave para asegurar el cumplimiento de la normativa minera y proteger el medio ambiente en La Paz.