La controversia entre Chile y Bolivia por la madera incautada se intensifica
Mientras Chile procede a destruir cargamentos de madera sospechosos de narcotráfico, Bolivia exige que se conserven para futuras investigaciones.
Por Sebastián Aguirre · 23 de septiembre de 2026
La disputa entre Chile y Bolivia se agudiza debido a la destrucción de cargamentos de madera que supuestamente están involucrados en narcotráfico. Autoridades chilenas han comenzado a incinerar los contenedores, mientras que la defensa de las 15 empresas afectadas cuestiona la fiabilidad de los análisis realizados y solicita que se preserven las pruebas para poder llevar a cabo nuevas pericias.
Según un informe de El Mostrador, en septiembre, seis contenedores fueron destruidos en Arica, siendo uno el 3 de septiembre y cinco más el 11. Las empresas madereras argumentan que la destrucción de las cargas podría obstaculizar la capacidad de investigar el origen de las maderas y los hechos relacionados.
Las acusaciones se centran en los análisis del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, que han sido cuestionados por la defensa. Aseguran que las trazas de drogas detectadas podrían tener explicaciones alternativas, desestimando la afirmación de que la madera fue utilizada para transportar sustancias ilegales.
El fiscal Mario Carrera ha defendido la legalidad de la destrucción de las sustancias incautadas, mencionando que los plazos de la legislación chilena son estrictos. Aunque el plazo original de 30 días fue extendido a 120, la situación se complica por la falta de más evidencias y detenidos en Bolivia, a pesar de que se habló de una operación masiva de narcotráfico.
Este caso, que ya ha tomado un giro diplomático, ha llevado a las autoridades bolivianas a demandar información y cooperación al respecto. Además, se ha planteado la necesidad de confirmar si realmente existió tráfico de drogas antes de la destrucción de las cargas.
El expresidente Jorge Quiroga apoyó las opiniones de expertos que cuestionan las conclusiones chilenas, sugiriendo que si se comprueba que los análisis fueron erróneos, Bolivia debería exigir reparaciones por los daños causados. Esta situación se da en un contexto más amplio de reconfiguración de poderes en el tráfico de drogas en la región.