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Gobierno peruano lanza subsidio para combatir protestas por precios de combustibles

Después de días de manifestaciones en Ucayali, Perú implementa un subsidio para reducir el impacto del alza en los costos de combustibles, beneficiando a transportistas y mototaxistas.

Por Emilio Barrientos · 20 de septiembre de 2026

El Gobierno de Perú ha decidido implementar un subsidio específico para aliviar el efecto del aumento en los precios de los combustibles, un tema que ha desatado protestas y bloqueos en varias regiones, principalmente en Ucayali. Este subsidio representa entre un 15% y un 20% de apoyo para los transportistas de carga y de pasajeros, así como para el transporte fluvial y los mototaxistas de la zona selvática.

La presidenta Keiko Fujimori hizo el anuncio del subsidio el 14 de agosto, tras intensas jornadas de paros y bloqueos en Ucayali que habían comenzado el 10 de agosto. Las protestas, que causaron serios inconvenientes en la movilidad de personas y mercancías, llevaron al Ejecutivo a tomar esta medida urgente.

Este subsidio tendrá una duración inicial de tres meses y está diseñado para mitigar el impacto del incremento de precios del diésel y otros combustibles, buscando así evitar que los costos se trasladen a los usuarios en forma de aumentos en pasajes y tarifas de transporte.

Tras el anuncio, los transportistas fluviales de Ucayali decidieron suspender su huelga indefinida, que había traído consigo importantes bloqueos y problemas de abastecimiento en la región. Las dificultades para el traslado de productos y pasajeros fueron severas durante esos días de protesta.

El Gobierno ha asignado hasta S/105 millones (aproximadamente $31 millones) para financiar este subsidio, que está dirigido a los sectores de transporte de carga y pasajeros. También se estableció un subsidio adicional de S/4 por galón para mototaxistas en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, con un tope de S/100 mensuales durante tres meses.

Esta medida es vista como una respuesta temporal al constante aumento internacional de los precios de los combustibles, en un esfuerzo por mantener el transporte público y evitar que los costos se transfieran a la población y a las actividades económicas.