¿Fin del refugio para el crimen en Bolivia?
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, urge a que el país deje de ser un punto seguro para actividades delictivas y respalda la labor de la Policía en la detención de fiscales involucrados en corrupción.
Por Mario Aliaga · 2 de octubre de 2026
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, expresó que Bolivia no puede seguir siendo un "santuario de ilícitos". Estas declaraciones surgen en el contexto de las pesquisas que llevaron a la detención de varios funcionarios del Ministerio Público, entre ellos Roger Mariaca y otros, en operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Aramayo defendió la actuación de la Policía Boliviana, resaltando que sus acciones están dentro de sus competencias. Aseguró que los procedimientos realizados durante las detenciones son completamente verificables, enfatizando que la Policía ha seguido los protocolos establecidos.
Además, el ministro criticó lo que considera un intento de conservar un statu quo que ha permitido que el narcotráfico y el crimen organizado florezcan en el país. "Se está queriendo mantener un statu quo que continúa haciendo de Bolivia un santuario de los ilícitos", apuntó.
En relación a la situación del Ministerio Público, Aramayo hizo un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se reúne hoy, para que tomen una postura clara sobre la situación del fiscal general Roger Mariaca. La decisión de los legisladores es crucial para definir la dirección que tomarán las instituciones frente a este escándalo.
"Hoy la Asamblea Legislativa tiene que demostrar de qué lado está a la hora de emitir su voto sobre el fiscal general Roger Mariaca".
Aramayo también mostró confianza en que los fiscales y jueces de carrera actuarán de manera responsable y que estas instituciones deben rendir cuentas a la población. Subrayó que esta coyuntura puede ser una oportunidad para combatir la corrupción y reafirmar el Estado de derecho en el país.
Finalmente, el ministro resaltó que la situación actual exige una respuesta efectiva de las instituciones involucradas, abriendo un debate sobre la integridad del sistema judicial en Bolivia.
La atención ahora se centra en cómo la Asamblea Legislativa se posicionará ante este caso, y si realmente se podrá erradicar la corrupción que ha afectado al Ministerio Público.