El Gobierno podría cerrar hasta diez empresas estatales
Rodrigo Paz lidera una reestructuración que podría dejar fuera de operación a varias empresas públicas, en medio de una crisis financiera que afecta a las entidades del Estado.
Por Emilio Barrientos · 10 de septiembre de 2026
El Gobierno de Rodrigo Paz está llevando a cabo una profunda reestructuración del sector empresarial estatal, lo que podría resultar en el cierre, liquidación o transformación de un número que oscila entre ocho y diez empresas públicas, según lo que ha indicado el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP).
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha señalado que las entidades estatales serán objeto de diagnósticos técnicos para establecer cuáles pueden seguir operando y cuáles representan un lastre para las finanzas del país. La normativa vigente permite llevar a cabo procesos de reorganización, disolución o liquidación de empresas estatales.
La situación financiera de varias de estas empresas es crítica. De hecho, la OFEP ha identificado a 15 entidades que se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas de alrededor de Bs 3.637 millones. Entre ellas figuran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
Como parte de este ajuste, el presupuesto general también sufrirá modificaciones significativas, con una reducción de Bs 3.800 millones en los aportes de capital a las empresas públicas, buscando disminuir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que no se pretende cerrar empresas de manera arbitraria; el enfoque está en definir la alternativa más eficaz: reestructurar, transferir o incluso liquidar.
Entre las empresas que están bajo análisis se encuentra una dedicada a la producción de papas fritas en El Alto, cuya suerte podría depender de la evaluación en curso. Esta podría ser cerrada, transferida a otro nivel del gobierno o asociada bajo un esquema de cooperación público-privada.
El Gobierno busca reducir el tamaño de un aparato estatal que históricamente ha consumido recursos públicos sin generar los resultados esperados. Ahora, será el turno de las empresas para demostrar que pueden mantenerse a flote y no ser una carga para el Estado.