El Estado se prepara para un nuevo remate del patrimonio minero

En Bolivia, parece que el Estado siempre encuentra la manera de autolesionarse. Esta vez, la falta de una política minera sólida se traduce en la presentación del Proyecto de Ley PL-728-2025-2026, conocido como la "Ley Corta de Monetización de Desmontes, Colas y Relaves de la Minería Estatal". A primera vista, el texto parece proteger el patrimonio minero, pero en realidad podría facilitar el acceso a este a comerciantes privados.

Los proponentes del proyecto muestran una confianza casi ciega, al proponer un inventario de estos pasivos en solo 180 días y al establecer restricciones para su disposición. Sin embargo, la creación de una nueva unidad que supervise estas operaciones, bajo el Ministerio de Minería, pone en entredicho la administración actual de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Esto podría llevar a una duplicación de la burocracia sin resolver los problemas existentes.

Es irónico que este nuevo enfoque legal ignore el reglamento vigente desde 2013 que ya regula la comercialización de cargas mineralizadas, dejando abierta la puerta a una confusión que podría afectar las ventas y, por ende, las finanzas del Estado. Este escenario podría resultar en pérdidas millonarias, mientras se diluyen las responsabilidades entre el Ministerio y COMIBOL.

La urgencia por generar dinero rápido aparenta ser la verdadera motivación detrás de esta ley, ignorando estudios previos que valoraban los recursos mineros en millones de dólares. En vez de realizar nuevas evaluaciones precisas, el Estado parece dispuesto a vender lo que no ha medido adecuadamente, lo que se traduce en un potencial saqueo del patrimonio nacional.

En un contexto global de competencia por recursos, como lo evidencian las iniciativas de Estados Unidos para asegurar su acceso a minerales, Bolivia parece estar renunciando a su propio futuro a cambio de soluciones rápidas y temporales. Los pasivos mineros, que son considerados tesoros en el resto del mundo, son tratados aquí como mercancías desechables.

Además, los recursos naturales que podrían transformar el país en un motor de desarrollo están expuestos a ser comprados a precios irrisorios por oligopolios internacionales, que se beneficiarán de la falta de infraestructura y de estudios técnicos en el país. En este sentido, el proyecto de ley podría institucionalizar el despojo de los recursos de Bolivia al capital extranjero, perjudicando el mandato de industrialización establecido en la Constitución.

La situación actual del país refleja un ciclo de autodestrucción donde la falta de exploración geológica real y una visión a largo plazo condenan a Bolivia a seguir perdiendo su riqueza mineral. Las leyes como el PL-728-2025-2026 solo perpetúan nuestra incapacidad de pensar en el futuro del país y su riqueza.