El diésel en Bolivia se dispara y se convierte en uno de los más caros de Sudamérica
Con la eliminación de subsidios, Bolivia se coloca entre los países con precios más altos del diésel en la región, generando descontento y preocupación en la población.
Por Mario Aliaga · 22 de septiembre de 2026
Bolivia ha pasado de ofrecer uno de los diésel más asequibles de Sudamérica a posicionarse entre los que tienen los precios más altos. A partir del 18 de septiembre, cuando se eliminó la subvención, el costo del litro de diésel se fijó en Bs 17,95, es decir, unos $us 1,63, lo que coloca al país en el segundo puesto de Sudamérica, solo superado por Perú, donde el precio se aproxima a $us 1,96 por litro.
Este cambio radical en la política de precios de combustibles marca un giro significativo después de casi 20 años, durante los cuales el diésel se vendió a un precio controlado de Bs 3,72 por litro, con el Estado cubriendo la diferencia con el costo de importación. En 2010, un intento de aumentar el precio a Bs 6,80 desencadenó protestas masivas conocidas como el "gasolinazo", lo que llevó al gobierno a revertir la decisión.
La subvención al diésel ha representado una carga financiera notable para el Estado boliviano, alcanzando en 2023 un gasto de Bs 12.678 millones, de los cuales más de Bs 12.477 millones se destinaron a diésel y gasolina, según el Ministerio de Economía. Este gasto se justificaba como una medida para mitigar el impacto de los precios internacionales sobre el transporte y el costo de vida de los ciudadanos.
La situación empezó a complicarse debido a la crisis de abastecimiento y la escasez de divisas para la importación de combustibles. En 2025, se reportaron largas filas en las estaciones de servicio y problemas para que los sectores productivos accedieran al diésel necesario para sus actividades, como la agricultura y el transporte.
Un nuevo enfoque del gobierno
Ante esta crisis, el gobierno de Rodrigo Paz ha decidido implementar un sistema de precio único para el diésel, con el argumento de que la eliminación del subsidio ayudará a reducir la presión sobre las finanzas públicas y a resolver los problemas de abastecimiento. Este cambio pone fin a una política que mantenía artificialmente bajo el precio del combustible durante años, pero que se había vuelto insostenible para el Estado.