El 80% del transporte público en Bolivia no se verá afectado por el fin del subsidio al diésel
Un informe de YPFB y la ANH indica que la mayoría de los vehículos de transporte público utilizan gasolina o GNV, lo que los exime de las nuevas medidas económicas.
Por Mario Aliaga · 22 de septiembre de 2026
Recientemente, se ha anunciado la eliminación de la subvención al diésel en Bolivia, lo que ha generado un gran revuelo en el sector del transporte. Sin embargo, un análisis de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) revela que el 80,3% del transporte público ya no usa este combustible.
De acuerdo con los datos, solo el 19,7% del parque automotor de servicio público, que suma un total de 202.182 vehículos, funciona con diésel. En contraste, la mayoría de estos vehículos se alimenta de gasolina o gas natural vehicular (GNV).
Distribución del parque automotor del transporte público en Bolivia
- Gasolina exclusiva: 67.815 vehículos (33,5%)
- GNV exclusivo: 29.290 vehículos (14,5%)
- GNV y gasolina: 65.197 vehículos (32,2%)
Además, casi la mitad del transporte público en el país (46,7%) ha adoptado el uso de GNV, que se mantiene subvencionado y con una distribución sin contratiempos. Esto significa que un total de 94.487 vehículos de servicio público operan con este combustible, lo que minimiza el impacto de la eliminación del subsidio al diésel.
El Gobierno justifica esta medida como una lucha contra el contrabando y la corrupción que han rodeado la distribución de combustibles durante años. Según el Ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, este cambio busca eliminar un sistema de precios de combustibles que ha causado un costo económico elevado para la población boliviana.
"Durante años, este sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno, con un costo elevadísimo para la sociedad y la ciudadanía", afirmó Aramayo en una reciente conferencia de prensa.
Finalmente, el ministro destacó que el fin de esta subvención podría permitir al Gobierno redirigir hasta 2.600 millones de dólares anuales hacia proyectos de infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas, lo que podría representar un cambio significativo en la economía nacional.