Crisis en Yapacaní: Gobierno busca frenar protestas por el diésel

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, junto a Víctor Hugo Blacut, vicepresidente de Operaciones de YPFB, viajaron a Yapacaní, a unos 124 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, para tratar de desactivar un inminente bloqueo de la carretera a Cochabamba en respuesta al Decreto Supremo 5676.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios, donde se congregaron los representantes de los sectores afectados. La nueva normativa, que incrementa el precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 18 por libro para los grandes consumidores, ha sido considerada como un golpe al bolsillo de los productores.

Paredes presentó varias medidas para mitigar el impacto del decreto: asegurar el suministro de diésel en las áreas de producción, respaldar la propuesta de una refinería en la región y acelerar la aprobación de una estación de servicio que lleva más de dos años en trámite.

El viceministro también advirtió que se implementarán controles para evitar que el combustible sea desviado hacia actividades ilegales, como el narcotráfico y el contrabando. Además, anunció que se enviarán una o dos cisternas para realizar pruebas de distribución cerca de los campos de producción.

"Yo también lo rechazo. Creo que tiene que haber una modificación para que se permita tener diésel a un precio competitivo", afirmó Paredes, quien anticipó que se presentará una nueva norma que facilite la importación de combustibles y fomente la competencia.

Paredes también mencionó que YPFB necesita aumentar la producción de sus refinerías, las cuales actualmente operan entre el 18% y 20% de su capacidad. Sin embargo, no dio detalles sobre el nuevo precio ni la fecha de aprobación de la modificación al decreto.

El alcalde de Yapacaní, Juan Ramos Alanís, opinó que los productores prefieren buscar una solución negociada. "Nadie quiere bloquear, pero si es necesario, lo harán", advirtió, sugiriendo que un acuerdo podría evitar la medida de presión.

La negociación se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, con un despliegue de policías y militares de la Octava División del Ejército desde las 5:00 de hoy. El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó que este contingente cuenta con equipos antidisturbios para asegurar la circulación en la zona.

Este operativo se realiza en el marco del estado de excepción, declarado el 20 de junio y vigente hasta el 20 de septiembre, el cual prohíbe los bloqueos y limita las concentraciones masivas que no cuenten con la autorización de los ministerios de Gobierno o Defensa.