Controversia por nuevo precio del diésel: ¿castigo a los productores?
Tras la promulgación del Decreto 5676, el agro y otros sectores han expresado su descontento con la decisión del Gobierno de fijar un precio flotante de diésel, que consideran lesiona a los pequeños y medianos productores.
Por Lorena Peñaranda · 18 de agosto de 2026
El Gobierno de Bolivia, a través del Decreto 5676 firmado por el presidente Rodrigo Paz, ha establecido un precio de referencia de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y clientes directos, con la finalidad de eliminar las largas filas en las estaciones de servicio y combatir el contrabando de combustible. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo entre representantes del sector agropecuario, quienes argumentan que se castiga a los pequeños y medianos productores.
Los ministros Fernando Aramayo y Marcelo Blanco defendieron la norma durante una conferencia en la que explicaron que la medida busca evitar que el Tesoro General del Estado siga sufriendo pérdidas por la importación de combustibles a precios no competitivos. Aclararon que el nuevo régimen de precios no solucionará de inmediato la escasez de diésel ni eliminará las filas en las gasolineras de forma instantánea.
El decreto divide a los consumidores en tres grupos: aquellos que consumen entre 120 y 5.000 litros al mes, los que compran entre 5.000 y 19.900 litros y los grandes consumidores que superan los 20.000 litros. A los pequeños consumidores, como los transportistas, se les mantendrá el precio de Bs 9,80 por litro, mientras que los demás deberán pagar el nuevo precio referencial.
Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking expresó su descontento y calificó el decreto como discriminatorio. Enfatizó que el sector agropecuario, que representa solo el 16% del consumo nacional de diésel, no debería ser el blanco de medidas que, en su opinión, fomentan la especulación y el agio. Así mismo, anunciaron la posibilidad de convocar un congreso extraordinario para discutir acciones más contundentes si la situación no mejora.
Otras organizaciones, como la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), también se manifestaron en contra del decreto, pidiendo un diálogo inmediato con el Gobierno para revisar las implicaciones de este cambio en los precios. Los choferes, a su vez, advirtieron que podrían ajustar sus tarifas si los nuevos precios impactan en el costo de productos de primera necesidad.
A pesar de las críticas, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que el decreto es una medida necesaria para estabilizar la situación del abastecimiento de combustibles en el país y se comprometió a que la escasez se resolverá en un plazo de dos a tres días. Sin embargo, la comunidad sigue atenta a los posibles efectos de esta medida sobre la economía boliviana y el abastecimiento de alimentos.
“Esta no es una solución estructural, es un parche para intentar resolver el problema de la falta de diésel en el corto plazo”, opinó el analista Gonzalo Chávez, refiriéndose a la nueva normativa.
Con la promulgación de este decreto, el Gobierno busca ajustar el precio del diésel a la realidad del mercado internacional, pero la implementación de estos cambios ha desatado una ola de críticas y preocupaciones entre diversos sectores productivos del país.