Bolivia pierde el derecho a votar en la ONU: ¿una estrategia del poder?

Bolivia ha sido nuevamente excluida de ejercer su voto en la Asamblea General de la ONU debido a deudas pendientes por sus contribuciones financieras. Este desenlace se da bajo el amparo del artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas, como se detalla en el informe A/81/360, fechado el 3 de septiembre de 2026.

El mencionado artículo establece que un país pierde su derecho a voto si su deuda es igual o mayor a lo que debe por las contribuciones de los dos años anteriores. Sin embargo, la Asamblea General tiene la potestad de hacer excepciones si el país demuestra que la falta de pago se debe a factores ajenos a su control.

En el reciente informe, Bolivia aparece junto a otros países como Afganistán, Santo Tomé y Príncipe, y Venezuela, todos ellos afectados por esta normativa. Se indica que Bolivia debe abonar un mínimo de 270.102 dólares para salir de esta situación de mora.

Para poner en perspectiva la gravedad de la situación, Venezuela necesita cancelar más de 122 millones de dólares para regularizar su situación. Esto plantea interrogantes sobre la gestión económica en estos países y si existen intereses ocultos detrás de estas deudas.

Esta no es la primera vez que Bolivia enfrenta este problema. En septiembre de 2025, el país había recuperado temporalmente su derecho al voto tras un esfuerzo del Gobierno por saldar la deuda, argumentando dificultades para acceder a dólares. Sin embargo, en enero de 2026, la ONU volvió a incluir a Bolivia en la lista de países morosos.

Con el inicio del 81.º período de sesiones de la ONU, la excepción que le permitía a Bolivia votar ha finalizado, lo que ha llevado a que el país regrese a la lista de morosos, generando dudas sobre la transparencia de las decisiones en el ámbito internacional y su impacto en la política interna boliviana.