Escándalo en el Ministerio Público: Aprehensiones por narcotráfico
El ministro Marco Antonio Oviedo revela una red criminal operando desde el corazón del sistema judicial boliviano, con altos funcionarios implicados en el narcotráfico y una conexión con el infame Sebastián Marset.
Por Mario Aliaga · 2 de octubre de 2026
Este 2 de octubre de 2026, durante su exposición ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destapó una alarmante red de corrupción que involucra al Ministerio Público en actividades relacionadas con el narcotráfico.
El informe de Oviedo señala que el 30 de septiembre se llevó a cabo la aprehensión de Rubén Aparicio Villarroel, quien es señalado como cómplice del fiscal general Roger Mariaca y de Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz. Esa misma noche, ambos fueron capturados en el aeropuerto Viru Viru, junto a Martín Irusta Flores, detenido en Sucre por intentar obstruir la investigación.
Un total de 14 personas fueron aprehendidas en el transcurso de las operaciones. La imputación formal presentada también el 2 de octubre incluye a Mariaca, Zeballos, Aparicio e Irusta, quienes enfrentarán cargos por tráfico de sustancias controladas y pertenencia a una organización criminal, con solicitud de detención preventiva para todos ellos.
Además, se reportó un hallazgo significativo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 en una ambulancia que estaba saliendo de la casa de Mariaca en Santa Cruz. Este descubrimiento ha elevado aún más las sospechas sobre sus actividades ilícitas.
Oviedo mencionó que la investigación está conectada con la estructura de Sebastián Marset, un conocido narcotraficante que logró evadir la captura en 2023 y fue arrestado el 13 de marzo de 2026. Recientemente, se filtraron audios donde Marset menciona a Mariaca y otros funcionarios, insinuando su complicidad en el tráfico de dinero.
El operativo fue realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), utilizando técnicas de inteligencia, que incluyeron requisas y confiscación de documentos y dispositivos móviles. Oviedo insistió en que es crucial mantener la independencia funcional del Ministerio Público durante esta investigación.
Por último, el ministro aclaró que cualquier disputa sobre competencias deberá ser resuelta legalmente, y la Asamblea puede solicitar informes y documentos necesarios para ejercer sus funciones. Se añadieron cinco anexos documentales al informe presentado.