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POLÍTICA

EEUU saca del juego al Fiscal General y otros altos funcionarios bolivianos

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido restringir las visas al Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, y a otros 11 funcionarios, acusándolos de corrupción vinculada al narcotráfico.

Por Mario Aliaga · 29 de septiembre de 2026

El fiscal general Roger Mariaca y varios funcionarios bolivianos se encuentran en la mira del Gobierno de Estados Unidos, que ha retirado sus visas citando participación en corrupción relacionada con el narcotráfico. Esta acción afecta también a sus familiares directos, aumentando la presión sobre el sistema judicial boliviano.

La decisión fue anunciada en un documento titulado "Restricciones de visado para ciudadanos extranjeros que socavan gobiernos democráticamente elegidos en países del hemisferio occidental", que incluye a un total de 12 bolivianos. Entre los señalados se encuentran tres fiscales, tres jueces y un exministro de Justicia, además de un coronel de la Policía y un empresario.

Las acusaciones contra Mariaca

El Departamento de Estado de EE.UU. ha destacado la participación de Mariaca en actos de corrupción que han permitido el avance del narcotráfico, acusándolo de aceptar sobornos para favorecer a criminales. Estas acciones, según el comunicado, estarían socavando los esfuerzos por combatir el narcoterrorismo en la región.

Mariaca, en respuesta a estas acusaciones, ha vinculado la restricción de su visa con las investigaciones que se realizan en su contra, incluyendo casos notorios como ‘Narcomaletas’ y ‘Gasolina basura’. Aseguró que respeta las decisiones migratorias de cada país, pero también espera que se respete la soberanía de Bolivia.

Frente a esta situación, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados de Bolivia, Diego Ávila y Roberto Castro, han solicitado que Mariaca se aparte de su cargo mientras se aclaran las denuncias. Ambos enfatizaron la importancia de mantener la independencia de las investigaciones ante estas acusaciones graves.

"Consideramos que es necesario que, mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones".