Senador Roca exige que el Estado asuma parte de la carga por el ajuste del diésel
Con el reciente incremento en el precio del diésel, el senador Leonardo Roca solicita que el Gobierno también participe en el sacrificio, sugiriendo el cierre de empresas estatales deficitarias.
Por Sebastián Aguirre · 21 de septiembre de 2026
Desde este sábado, el precio del diésel en Bolivia se comercializa a valor internacional, lo que ha generado una rápida repercusión en el transporte urbano e interdepartamental de varias ciudades. Esta situación ha despertado preocupaciones sobre un posible aumento en el costo de vida en el país.
El senador Leonardo Roca, miembro del bloque Libre y representante de Santa Cruz, criticó esta medida y argumentó que no debería ser una carga exclusiva para la población. Roca sostiene que el Gobierno, que mantiene varias empresas estatales en números rojos, también debería asumir su parte en este ajuste.
"Nos piden pagar el diésel a precio internacional. Correcto. Pero el sacrificio debió empezar por casa"
Roca mencionó que el Estado enfrenta pérdidas que superan los Bs 26 mil millones, una carga que se financia con recursos públicos que deberían beneficiar a la población, la cual se encuentra asumiendo la eliminación del subsidio al diésel. El senador enfatizó la necesidad de cerrar o reestructurar las empresas ineficientes en lugar de simplemente diagnosticarlas en informes.
- Yacimientos de Litio Bolivianos: Bs 5.522 millones
- Ecebol: Bs 3.985 millones
- Empresa Siderúrgica del Mutún: Bs 2.740 millones
En julio, el Gobierno identificó un total de 15 empresas estatales consideradas "quebradas", según un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), que depende del Ministerio de la Presidencia.
Pablo Camacho, director de la OFEP, reveló que entre las empresas en problemas se encuentran Etasa, Yacana, YLB, Karachipampa, Quipus, TAM, EBIH, Easba y B-Agro, entre otras, muchas de las cuales no han presentado sus estados financieros recientes.
Un mes después, la OFEP emitió un informe confidencial con recomendaciones para las empresas analizadas, aunque estas sugerencias todavía no han sido divulgadas al público.