Paz denuncia el lucrativo negocio del contrabando de combustible que afecta al pueblo
El presidente Rodrigo Paz alertó sobre el contrabando de carburantes que enriquece a unos pocos, mientras el país enfrenta una crisis de obras públicas. En medio de controles en el sector, llama a un debate sobre la subvención a los combustibles.
Por Sebastián Aguirre · 10 de septiembre de 2026
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que la situación del abastecimiento de combustible ha mejorado en el país, sin embargo, advirtió que persiste el contrabando de carburantes hacia mercados internacionales donde los precios son más altos.
Paz indicó que las diferencias entre los precios de combustible en el mercado interno y el internacional constituyen un incentivo para que algunas personas compren combustible localmente y lo revendan fuera del país, generando un desvío que afecta al acceso local.
En sus declaraciones, el mandatario mencionó que se han reducido las largas filas para adquirir combustible en Santa Cruz y otras regiones, pero este sigue siendo desviado. Indicó que los destinos de este contrabando podrían ser Brasil, Paraguay, Chile, Perú y Argentina, donde los precios son considerablemente más altos.
Paz dio un ejemplo reciente de un operativo en Santa Cruz, donde un camión reportó 55 litros de combustible en su recibo, pero en realidad transportaba mil litros. Este tipo de irregularidades subraya la necesidad de intensificar los controles sobre la comercialización de combustible.
El presidente también destacó el trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la lucha contra el contrabando, pero reconoció que el sistema actual necesita ajustes significativos para mejorar su funcionamiento.
Paz anunció que las refinerías están volviendo a operar para garantizar la producción de combustibles en el país, mencionando específicamente la Refinería Gualberto Villarroel en Cochabamba y la Guillermo Elder Bell en Santa Cruz, que están siendo reactivadas para satisfacer la demanda interna.
El presidente cuestionó el manejo de la economía por gestiones anteriores y se comprometió a reorganizar las finanzas públicas para evitar que los recursos continúen desviándose hacia el contrabando, lo que impide realizar obras necesarias para el pueblo.
Por último, cuestionó la efectividad de la subvención al diésel y planteó la urgente necesidad de un debate nacional sobre si se deben seguir destinando recursos para mantener los precios bajos o invertir en infraestructura y servicios esenciales.