El Gobierno Boliviano y su drástico pacto con el FMI
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantea un ajuste fiscal significativo y el fin de las subvenciones a los combustibles, lo que podría desatar una ola de inflación en el país.
Por Mario Aliaga · 10 de septiembre de 2026
El Gobierno de Bolivia ha trazado un plan de tres años junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye una serie de medidas económicas profundas. Este memorando, que ya fue enviado al Parlamento para su aprobación, promete reestructurar completamente la economía boliviana.
Objetivos del Acuerdo
Como meta principal, el Gobierno busca lograr una estabilidad fiscal y externa, con una reducción del déficit del sector público no financiero hasta el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2029. Esto implica un recorte fiscal que alcanzará el 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, especialmente en los primeros meses del acuerdo.
El documento señala que la crisis actual proviene de un déficit del 11% del PIB en 2025, una monetización del 7% y una deuda pública que supera el 80% del PIB. También se mencionan la disminución de la producción de gas y la escasez de reservas internacionales como factores críticos.
Cambios Notables
Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de la subvención a los combustibles, que, aunque se mantendrán los precios durante 2026, deberán ajustarse a partir de enero de 2027. Esto podría generar presiones inflacionarias, lo que ha llevado al Gobierno a contemplar mecanismos de asistencia social para mitigar el impacto.
Además, se abandonará el tipo de cambio fijo, permitiendo un sistema más flexible donde las operaciones de divisas serán determinadas por el mercado sin mucha intervención del Banco Central. Este organismo tampoco podrá financiar al sector público durante el acuerdo.
El memorando también sugiere una revisión de las empresas estatales no rentables y una mayor participación del sector privado en áreas como hidrocarburos y minería. Se promete eliminar controles de precios y buscar un marco regulatorio más favorable para la inversión privada.
En cuanto a la reforma tributaria, se anuncia que esta será elaborada más adelante, con un enfoque en movilizar recursos internos y aumentar la recaudación, con medidas a implementarse durante el segundo y tercer año del programa, una vez que la economía empiece a recuperarse.
Finalmente, el cumplimiento de este ambicioso plan será revisado trimestralmente, con un primer examen programado para diciembre de 2026, tomando en cuenta los resultados hasta septiembre de ese año.