Concejales de La Paz denuncian un "encierro" en la Alcaldía por parte de Dockweiler
Seis concejales que protestan por los salarios de sus colegas afirman que están siendo retenidos sin acceso a agua y baños, lo que genera un conflicto cada vez más tenso con el alcalde de La Paz.
Por Mario Aliaga · 9 de septiembre de 2026
Un grupo de seis concejales del municipio de La Paz ha iniciado una huelga de hambre en la Alcaldía, donde aseguran que están siendo forzados a permanecer encerrados, sin acceso a agua ni a los baños. La presidenta del Concejo, Waldy Caballero, ha señalado directamente al alcalde César Dockweiler como el responsable de esta situación, considerándola una maniobra de presión para silenciar a los huelguistas.
Caballero ha hecho énfasis en que, bajo órdenes de algunos funcionarios municipales, se han cerrado accesos y se han colocado candados, lo que impide incluso la entrada de la prensa a las instalaciones. "No tenemos agua, no tenemos acceso al otro baño", ha declarado la presidenta mientras los concejales siguen en sus protestas dentro de la Alcaldía.
Este conflicto se origina por la situación de más de 60 trabajadores del Concejo Municipal, quienes llevan meses sin recibir sus sueldos. Los concejales movilizados demandan que se cumpla con una resolución constitucional que exige la regularización de sus condiciones laborales, incluyendo su registro y afiliación al seguro social.
Por otro lado, el alcalde Dockweiler ha afirmado que no tiene poder para contratar o despedir a los empleados del Concejo. En sus declaraciones, subraya que es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Legislativo municipal manejar la documentación necesaria. "El alcalde no contrata a los trabajadores del Concejo", remarcó, acusando a sus opositores de politicizar el conflicto.
La tensión ha aumentado significativamente este miércoles, cuando guardias municipales intentaron desalojar a los concejales de las oficinas, lo que provocó un forcejeo y, según informes, la rotura de un vidrio en una ventana. La situación ha escalado más allá del tema salarial, con acusaciones de encierro y restricciones dentro de las instalaciones municipales, mientras ambas partes se lanzan acusaciones sobre el uso político de la crisis.