$1.900 Millones del FMI: ¿Ajuste Económico o Estrategia de Control?
El acuerdo entre el Gobierno y el FMI ha desatado inquietudes sobre el impacto que las reformas económicas tendrán en la población boliviana, especialmente en el costo de los alimentos.
Por Mario Aliaga · 6 de septiembre de 2026
Recientemente se ha confirmado que el Gobierno boliviano ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de $us 1.900 millones, que se desembolsarán en un periodo de 36 meses. Este apoyo económico se destina a implementar un plan de reformas que, según el FMI, incluye una serie de ajustes fiscales y cambios en la política de gastos del Estado.
Entre las reformas propuestas, el FMI menciona la consolidación fiscal, la racionalización del gasto público, así como la modernización del sistema cambiario. Además, se prevén medidas para proteger a los sectores más vulnerables de la población, buscando mitigar los posibles efectos negativos de estas reformas en su economía cotidiana.
Sin embargo, la atención se centra en el posible aumento del precio de los combustibles, especialmente el diésel. En días recientes, varios sectores productivos han hecho eco de que los incrementos en el costo del diésel están relacionados con las exigencias del FMI. La situación se ha vuelto más complicada luego de que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mencionara que el ajuste en el precio del diésel era una "condición" del organismo, aunque luego tuvo que retractarse de sus palabras.
El temor de muchos es que este aumento en el precio del combustible pueda desencadenar un efecto en cadena, lo que se ha denominado como "del surtidor al plato". Es decir, si el costo del diésel sube, esto podría reflejarse en el precio de los alimentos, ya que los costos de producción y transporte también se incrementarían, afectando así a los consumidores finales.
No obstante, el Gobierno defiende que las decisiones sobre el precio del diésel, incluyendo el Decreto 5676 y la tarifa de Bs 18 para grandes consumidores, son medidas propias y no impuestas por el FMI. Esta defensa, sin embargo, no calma las inquietudes de los ciudadanos, que empiezan a preguntarse cuánto les costará a ellos el ajuste económico.
Por si fuera poco, legisladores han expresado su preocupación sobre la falta de información clara respecto al acuerdo con el FMI. Aseguran que el proyecto enviado a la Asamblea no incluye toda la documentación necesaria para entender los términos del acuerdo, incluyendo la Carta de Intenciones y las metas fiscales específicas.
En resumen, Bolivia podría recibir un salvavidas financiero de $us 1.900 millones, pero la incógnita que queda flotando en el aire es: ¿qué sacrificios se verán obligados a hacer los bolivianos cuando los ajustes afecten su día a día?