Intervención a YPFB: el Gobierno toma medidas extraordinarias
El Gobierno ha decidido intervenir YPFB por hasta 180 días, en respuesta a problemas en la gestión de la petrolera estatal, buscando mejorar la logística de distribución de combustibles.
Por Sebastián Aguirre · 2 de septiembre de 2026
En un giro significativo, el Gobierno boliviano ha dispuesto la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días. Esta decisión está motivada por las deficiencias observadas en la operación de la petrolera estatal y tiene como objetivo mejorar la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
El Decreto Supremo 5697, firmado el 1 de septiembre, establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que será responsable de supervisar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención. Esta comisión podrá extender su periodo hasta 90 días adicionales si se sigue justificando la necesidad de intervención.
Las deficiencias en los procesos de logística para importar y distribuir combustibles han sido señaladas como la razón principal de esta intervención, que busca resguardar tanto el interés público como la seguridad energética del país. Cabe destacar que esta medida no implica la eliminación de YPFB ni cambios en su estructura jurídica.
La comisión estará compuesta por ministros de diferentes carteras, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos, y Obras Públicas, así como el Viceministro de Transparencia. Deberán enfocarse en áreas clave como la comercialización y la trazabilidad de los combustibles.
Una de las principales funciones de esta comisión es la recomendación de auditorías técnicas para identificar irregularidades en la cadena logística, tales como el contrabando y el desvío de combustibles. También podrán sugerir la contratación de expertos para asistir en el proceso de supervisión.
La nueva comisión tendrá autoridad para revisar todos los procesos de importación y distribución de combustibles y está habilitada para hacer recomendaciones que apunten a corregir deficiencias administrativas o logísticas. Esto incluye la posibilidad de recomendar la remoción de personal si se llegan a identificar responsabilidades.
Finalmente, el decreto subraya que no se requerirán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación para llevar a cabo esta intervención, ya que el gasto se cubrirá con los presupuestos correspondientes de las entidades involucradas en la comisión.