Acuerdo entre el Gobierno y cisterneros salva el transporte de combustibles

Este sábado, el Gobierno junto a los transportistas de combustibles lograron un pacto que asegura la continuidad en el traslado de gasolina y diésel a las estaciones de servicio, evitando de esta manera una nueva crisis de abastecimiento que podría haberse presentado en los próximos días.

El acuerdo fue el resultado de una semana de diálogos y reuniones realizadas en las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en Santa Cruz. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, junto al ministro de Economía y Finanzas, Christian Morales, y el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, lideraron estas conversaciones.

Un aspecto clave discutido fue la revisión de las condiciones económicas relacionadas al servicio de transporte de combustibles, especialmente en lo que respecta a los precios de los fletes, que fueron una de las demandas centrales del sector de cisterneros.

"Después de una semana de trabajo, hemos llegado a un acuerdo satisfactorio que permitirá el transporte normal de combustibles en el país", expresó Daroca, asegurando que este convenio garantiza la operación de las empresas transportistas y el suministro interno de combustibles.

Este acuerdo, que se firma en medio de una crisis de abastecimiento, evita que los transportistas lleven a cabo medidas de presión que podrían afectar la distribución de carburantes a nivel nacional.

Sergio Kosky, el presidente de la Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente, comentó que el diálogo permitió acercar posiciones y consideró que primó el interés del país por encima de los conflictos sectoriales. Aseguró que el sector mantendrá sus operaciones y están dispuestos a colaborar con YPFB para mejorar el movimiento de combustibles.

La situación es crítica, ya que Bolivia enfrenta una de sus peores crisis de combustibles. Las largas filas en las estaciones de servicio y los vehículos varados son una realidad común en varias regiones. Además, el país depende en un 60% de la importación de gasolina y un 95% de diésel, lo que implica una carga financiera considerable para el país.

La deuda acumulada de YPFB asciende a $us 1.056 millones, lo que representa un riesgo para el suministro si no se cumplen los pagos. En este contexto, el acuerdo con los cisterneros representa un alivio momentáneo, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema de abastecimiento de combustibles en Bolivia.