Legalización de autos indocumentados podría perjudicar a compradores formales, advierte Salvatierra
La Cámara Automotriz Boliviana manifiesta su preocupación por la posible regularización de vehículos indocumentados, argumentando que esto afectará a quienes han adquirido autos de manera legal y han cumplido con sus obligaciones tributarias.
Por Mario Aliaga · 28 de agosto de 2026
Jhonny Salvatierra, presidente de la Cámara Automotriz Boliviana, expresó su desacuerdo con la propuesta de legalizar los llamados "autos chutos". Aseguró que esta medida traería consecuencias negativas para los compradores formales, quienes han seguido los pasos legales para adquirir sus vehículos, incluyendo el pago de impuestos y la obtención de créditos.
Salvatierra subrayó la injusticia que esto representaría, afirmando que quienes optaron por comprar un auto legalmente enfrentarían una desventaja económica frente a quienes ingresaron vehículos sin el cumplimiento de las normativas.
"Si lo quieren hacer efectivo, deberían comenzar por resarcirles a las personas que han comprado este año y pagaron sus impuestos".
El presidente de la Cámara Automotriz también destacó que aquellos que optan por financiar un vehículo pueden terminar pagando hasta un 50% más del precio original debido a los intereses, mientras que los autos indocumentados ingresan al mercado a precios mucho más bajos.
Según Salvatierra, el sector formal enfrenta una carga tributaria muy alta, asegurando que cerca de la mitad del costo de un vehículo proviene de impuestos. Esto se suma a las estrictas verificaciones que se realizan, como las de Diprove, para garantizar que no tengan reporte de robo.
Ante el escenario de que la legalización avance en la Asamblea Legislativa, la Cámara Automotriz planea tomar acciones legales para proteger los intereses de los compradores formales, argumentando que la medida podría significar una pérdida significativa para el patrimonio de muchos bolivianos.
En lugar de regularizar los vehículos indocumentados, Salvatierra propuso que el Estado debería proceder a su decomiso y posterior subasta, una acción que, según él, no solo sería legal, sino que también generaría ingresos para el Estado y los municipios.