Gobierno promulga nuevo decreto sobre subvención de combustibles
El Gobierno liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira emitió el jueves 27 de agosto el Decreto Supremo N.º 5683, que incrementa el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir las diferencias en la importación de hidrocarburos, pasando de Bs 1.000 millones a […]
Por Sebastián Aguirre · 27 de agosto de 2026
El Gobierno liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira emitió el jueves 27 de agosto el Decreto Supremo N.º 5683, que incrementa el monto que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir las diferencias en la importación de hidrocarburos, pasando de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones.
Esta nueva normativa modifica el Decreto Supremo 5652, promulgado el 9 de julio de 2026, que inicialmente había autorizado hasta Bs 1.000 millones para cubrir el diferencial entre los costos de importación y el precio preterminal del petróleo crudo. El artículo único del Decreto 5683 establece que el monto autorizado ahora asciende a “Hasta Bs2.000.000.000 (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)”.
Cabe destacar que este aumento no implica que los Bs 2.000 millones se desembolsarán de inmediato, sino que eleva el límite máximo de recursos disponibles, dependiendo de la situación financiera del TGN y conforme a los mecanismos establecidos.
El Gobierno justifica esta acción como una respuesta a la actual coyuntura económica y a la necesidad de estabilizar los precios de los productos derivados del petróleo. Además, señala que es fundamental ampliar los recursos destinados a YPFB para asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país.
El Decreto 5683 mantiene el mecanismo que permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN, asignar recursos a YPFB según su disponibilidad financiera, con el objetivo de cubrir el diferencial entre los costos de importación y el precio preterminal del petróleo crudo.
Este decreto se promulga en un contexto de debate sobre el diésel, aunque no modifica directamente los precios del diésel ni de la gasolina, ya que su enfoque está en aumentar el respaldo financiero para la importación y estabilización de combustibles.
Finalmente, se establece que los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías son responsables de la ejecución y cumplimiento de esta norma, que fue firmada en el Palacio de Gobierno el 27 de agosto de 2026.