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POLÍTICA

AJAM desmiente autorización de minería extranjera en La Asunta

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) niega haber permitido la explotación de recursos minerales por parte de empresas foráneas en La Asunta, destacando que tales actividades son ilegales.

Por Julieta Medina · 24 de agosto de 2026

La AJAM ha dejado claro que no ha otorgado permisos para que empresarios extranjeros realicen actividades mineras en La Asunta. Esta aclaración surge tras los recientes conflictos en la zona y la expulsión de trabajadores de campamentos cercanos al río Boopi.

La entidad advirtió que ninguna institución, organización o individuo puede explotar recursos minerales a menos que cumpla con los trámites necesarios ante la autoridad correspondiente. Un representante de la AJAM enfatizó que estos grupos no cuentan con autorización estatal, catalogándolos como "asociaciones ilegales".

En la zona del río Boopi, se han identificado alrededor de 170 trámites relacionados con la minería. De estos, solo siete son derechos preconstituidos, mientras que 164 son solicitudes que aún están en proceso.

La AJAM subrayó que las solicitudes no brindan el derecho a operar, lo que significa que la mayoría de las actividades mineras en la región se realizan de manera ilegal. La entidad insistió en que la legalidad de cada operación debe ser confirmada a través de los procedimientos establecidos.

Conflictos por acuerdos locales

Se menciona que el conflicto podría estar relacionado con pactos entre algunos comunarios y empresarios extranjeros. La AJAM sostiene que ciertos sectores de las comunidades locales habrían facilitado el acceso a estas empresas, especialmente de origen chino, con objetivos económicos.

No obstante, la AJAM dejó claro que cualquier acuerdo privado no reemplaza la necesidad de una autorización estatal para la explotación de recursos minerales. "Cualquier contrato o acto de disposición constituye delito" advirtió la autoridad, subrayando que estos casos podrían llevar a investigaciones penales.

Cualquier contrato, cualquier acto de disposición constituye delito